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Unidad de Atención a Víctimas

Ley de Víctimas

 

Prólogo
Ley de Víctimas


Uno de los pilares de la ruta de Gobierno hacia la Prosperidad para Todos lo constituye la consolidación de la paz, garantizando el Estado de Derecho dentro de todo el territorio a través de la preservación de la seguridad y el orden público, la observancia de los derechos humanos, la aplicación de una justicia eficiente y oportuna, como también a través de la implementación de mecanismos de justicia transicional que allanen camino hacia la reconciliación.

Una reconciliación que permita el restablecimiento de la confianza, que busca la reconstrucción de vínculos y el pensar en un futuro compartido. Para ello, el Gobierno Nacional ha volcado sus esfuerzos en el fortalecimiento normativo, con el propósito de responder de manera adecuada a las necesidades específicas de la población víctima de la violencia y coordinar los esfuerzos de las esferas públicas y privadas para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación.

El Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente de la República, ha liderado la construcción de un consenso general que le asegure al país, una ley integral de atención a las víctimas, reconociendo la titularidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación que les asiste. Una ley, que como él mismo ha señalado “…ayudará a saldar una deuda moral con las víctimas”.
 
La ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convierte entonces, en un marco fundamental para la consolidación de una sociedad democrática, porque permite entre otros aspectos, identificar y visualizar los derechos de las víctimas; plantea un concepto único de víctimas, priorizándolas dentro de la atención y servicios que provee el Estado, reafirmando la igualdad entre las víctimas, pero al mismo tiempo garantizando una atención diferenciada de acuerdo con sus características.

La Ley sienta las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral, bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Así mismo, establece la institucionalidad encargada de su implementación, crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- dentro del cual las entidades del orden nacional y territorial, tendrán la responsabilidad de formular, implementar y monitorear la política. También prevé la conformación del Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación que tendrá a su cargo la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica, y dará lineamientos de política a la nueva Unidad Administrativa especial para la atención y reparación integral que será la encargada de coordinar y armonizar las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema y adicionalmente, prevé la creación del Centro de Memoria Histórica que tiene por objeto reunir y recuperar todo el material documental y testimonial de los hechos que conllevaron a las violaciones de los derechos de las víctimas.

Un avance importante en la aplicación de esta ley es la creación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las víctimas como instrumento que contribuirá a sistematizar la información sobre las circunstancias y determinantes de las violaciones y facilitará el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Para lograr la prosperidad se deben recorrer tres caminos: el camino de la seguridad, el camino del empleo y el camino de superación de la pobreza, pero sólo habrá prosperidad en la medida en que transitemos también por un cuarto camino, el camino de la reparación integral, en sus distintos componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

De esta manera se están intensificando los pasos hacia la reconciliación, buscando el mayor número de salidas posibles hacia la readaptación de las víctimas y sus familiares, la reconstrucción de las capacidades de agencia de los individuos, la reelaboración de los hechos, la regeneración de la confianza y el restablecimiento del tejido social.

Si realmente queremos la reconciliación del país, como sociedad, no podemos dejar a las víctimas solas en este empeño. Sobre todo, si se tiene en cuenta que una importante parte de las víctimas en nuestro país, padecen de una doble vulnerabilidad, pues no sólo se han enfrentado a la violación de sus derechos sino que carecen de condiciones socio económicas favorables. Es en este contexto, que la Ley convoca a todos los sectores a vincularnos en un esfuerzo conjunto en donde la implementación de la ley y el éxito de la reparación es una responsabilidad de todos.

Esta ley constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos en Colombia, que se ciñe a los estándares internacionales y que además expresa la voluntad de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una ley incluyente, viable y responsable, que es hoy la esperanza para el logro de la reconciliación nacional y la prosperidad para todos.