El Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia, es una iniciativa adelantada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población en situación de desplazamiento, que cuenta con el respaldo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo-ASDI-, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, la Comisión Europea, la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional -USAID- y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-.

El Proyecto, originalmente tuvo como principal objeto de intervención la protección de las tierras y territorios afectados por la violencia o el desplazamiento. Sin embargo, su accionar actual se extiende hacia otros campos de trabajo que propenden por la formalización y restitución de los derechos sobre tierras y territorios abandonados o despojados. Así mismo, trabaja con equipos interdisciplinarios en diez regiones del país: Antioquia; Caribe (Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico y Córdoba); Guajira-Cesar, Centro (Bogotá, Meta y Cundinamarca); Chocó; Magdalena Medio-Santander; Norte de Santander-Arauca; Tolima-Huila; Valle del Cauca-Cauca; Nariño; y próximamente, Putumayo.

El desarrollo de su rol de asesoría, capacitación y acompañamiento a entidades, diferentes instancias y comunidades, se ha realizado a través de la formulación y diseño de conceptos, procedimientos, instrumentos, herramientas informáticas, propuestas normativas y estrategias pedagógicas, esfuerzos todos orientados a salvaguardar los derechos sobre las tierras y los territorios despojados, abandonados o en riesgo de abandono.

Por esta vía se ha logrado en consenso con las instituciones e instancias concernidas, generar conocimiento en el tratamiento de la protección de los derechos patrimoniales, tema inédito en situaciones de violencia generalizada, a la par que conformar la red interinstitucional de protección, en la cual ha sido fundamental la participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ?IGAC- y los Catastros Descentralizados de Antioquia, Bogotá, Cali y Medellín; la Superintendencia de Notariado y Registro ?SNR-, con sus Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos ?ORIP- y Notarías; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-; el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales), así como la participación de las gobernaciones y alcaldías a través de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, en las zonas de influencia directa del Proyecto.

Paralelamente, en una acción conjunta de la mencionada Red y con el apoyo de los cooperantes, se ha desarrollado una amplia estrategia de divulgación, empleando diferentes medios para informar y promover en las comunidades afectadas sus derechos patrimoniales, la utilización de los mecanismos y rutas existentes y sus efectos, estimulando su vinculación en los procesos de protección para que no sean apropiados ilegalmente por los causantes del desplazamiento o del despojo, o por un tercero. Más recientemente, en concertación con las entidades competentes y autoridades territoriales, a través de acciones directas que buscan superar obstáculos técnicos, metodológicos y económicos se incentivan entre la población prácticas dirigidas a regularizar los derechos informales sobre las tierras, el reconocimiento y titulación de los territorios étnicos y se promueven acciones dirigidas a recuperar y restituir los bienes abandonados o despojados.

En esta línea han sido objeto de estudio y publicación materiales diversos que incluyen desde el Manual de Protección, actualizado en correspondencia con los cambios normativos, guías didácticas para diferentes propósitos, versiones actualizadas del Compendio Normativo, estudios y análisis sobre diversos temas, entre los que cabe mencionar: Gente de esteros, ríos y mar; derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras; Identificación de los Agentes Colectivos responsables del Abandono de tierras en los municipios colombianos; caracterización de las reservas forestales de la Ley 2da de 1959; los procedimientos que deben seguir los comités territoriales de atención integral a la población desplazada para resolver las solicitudes de enajenación sobre los bienes protegidos; los elementos metodológicos para la identificación, caracterización y tratamiento de conflictos; la cartilla Nuestros Derechos sobre la Tierra como Población Desplazada, entre otros.