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Unidad de Atención a Víctimas

Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada

Preguntas Frecuentes
Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada

1. ¿Cómo protege el Estado los derechos sobre las tierras de los campesinos o sobre los territorios de los grupos étnicos que se encuentren en riesgo de desplazamiento o en situación de desplazamiento?

Las familias rurales y las comunidades indígenas y negras que se encuentran en riesgo de desplazamiento o que han sido desplazadas por causa de la violencia cuentan con la protección del Estado para hacer valer los derechos sobre sus tierras (predios) o sobre sus territorios étnicos, respectivamente, y en general sobre sus bienes.

La Ley 387 de 1997, el Decreto 2007 de 2001, el Decreto 250 de 2005, la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentaios, establecieron unos mecanismos y unos procedimientos que permiten proteger esos derechos.

En el caso de las comunidades indígenas y negras, además de estas normas, deben tenerse en cuenta la legislación especial étnica, que contiene disposiciones particulares para la protección del derecho al territorio de estos grupos poblacionales, y los mecanismos propios de estas culturas para proteger sus territorios. En particular, el Convenio 169 de la OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad, y en el cual reconoce el carácter fundamental del derecho al territorio de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras (Tribales), por ser este el principal medio para su pervivencia física y espiritual, entendiendo por territorio además de la tierra, los recursos naturales renovables y en general el hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera estas comunidades o grupos étnicos.

2. ¿Para qué sirve la protección jurídica?

Para evitar que se legalicen ventas o transferencias de bienes abandonados por causa de la violencia del conflicto armado. Además, el Gobierno lleva un inventario (Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA) de todos los predios y territorios que han tenido que ser abandonados por sus dueños. Además de lo anterior, la protección jurídica sirve para dar publicidad de la ocurrencia del desplazamiento forzado que sufrió la persona que la solicita. Sirve también como una prueba sumaria, que puede ser usada en defensa de los derechos de la persona desplazada, para demostrar el evento del desplazamiento y la relación jurídica que tiene la persona víctima del mismo con el predio o territorio que tuvo que abandonar.

3. ¿Qué es el RUPTA?

El RUPTA significa Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia. Es una base de datos sobre los predios y los territorios (étnicos) abandonados que están protegidos o en proceso de protección. Esta base de datos es responsabilidad del INCODER y de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidades que lo administran en cumplimiento de la Ley 387 de 1997 y los acuerdos interinstitucionales establecidos para tal fin.

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4. ¿A quienes se les protegen los derechos patrimoniales?

Propietario de un inmueble: es la persona que aparece como titular del derecho de propiedad en el folio de matrícula inmobiliaria o certificado de tradición y libertad que lleva la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Poseedor: es la persona que ejerce actos sobre un predio, con ánimo de señor y dueño, de manera pacífica, pública y sin interrupción. (ejemplos de estos actos son cultivar la finca, construir una casa en el predio o pagar sus impuestos).

Tenedor: Es la persona que, por relación contractual, tienen materialmente la tierra y reconoce a otro como dueño o titulare de mejor derecho. Ejemplos de tenedores son: usufructuarios, aparceros, cosecheros, arrendatarios y comodatarios.

Ocupante: es la persona que explota un terreno baldío, es decir, tierras que pertenecen a la Nación, sin dueño aparente o conocido, y que pueden llegar a ser adjudicadas.

5. ¿Qué se le protege a las comunidades étnicas?

Propiedad colectiva de Grupos Étnicos: Es la que está en cabeza de una comunidad étnica reconocida por la Constitución y la Ley a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras, ejercida sobre áreas determinadas del territorio nacional en las que habitan o realizan actividades sociales, económicas y culturales.

Posesión Tradicional de Grupos étnicos: Es el derecho ejercido por una comunidad étnica sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o utilizan de alguna manera, en las cuales desarrollan actividades económicas, sociales y culturales, sin que necesariamente hayan sido demarcadas y tituladas (Convenio 169 OIT, Leyes: Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994).

Ocupación Colectiva de Comunidades Negras: Es el asentamiento ancestral de las comunidades negras sobre las tierras baldías que son susceptibles de ser tituladas colectivamente, en la cuenca del Pacífico o en zonas similares del País, en las cuales desarrollan actividades económicas, sociales y culturales; sin que necesariamente hayan sido demarcadas (Convenio 169 de la OIT, Ley 70 de 1993).

Posesión de grupos étnicos en Predios Privados: Existen comunidades indígenas y afro colombianas que poseen colectivamente predios privados, donde la comunidad se reconoce como dueña, desarrolla sobre el territorio sus actividades productivas, económicas, sociales y culturales como sujeto colectivo de manera pacífica, pública e ininterrumpida. Este es el caso de grupos étnicos despojados de sus posesiones ancestrales porque no contaban con la seguridad jurídica de la titulación y al desplazarse ejercen posesiones colectivas.

Áreas especiales de uso: En ejercicio de las facultades constitucionales y/o legales conferidas a las autoridades de los grupos étnicos, éstas definen normas y procedimientos para realizar el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de su ámbito territorial, estos acuerdos se realizan en armonía con la normatividad ambiental nacional y en estricto cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad colectiva.

En lo relacionado con la exploración y explotación de recursos mineros de propiedad del Estado, las autoridades de los grupos étnicos tienen el derecho de preferencia frente a terceros, pudiendo establecer zonas mineras en donde se adoptan especiales medidas de protección ambiental, social y cultural e igualmente se encuentran facultadas sus autoridades para establecer limitaciones para estas actividades en sitios de especial significación cultural.

?El Ministerio de Minas y Energía señalará y delimitará las zonas mineras dentro de los territorios de las comunidades indígenas y negras en las cuales la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables deberá hacerse bajo condiciones especiales sobre la protección y participación de estas comunidades, con el fin de preservar sus características culturales y económicas. Los grupos indígenas y las comunidades negras para la solicitud de la licencia de exploración y explotación sobre los yacimientos y reservas de carbón que se encuentran dentro de su territorio, se regirán por el Artículo 125 del Código de Minas y Artículo 27 de la Ley 70 de 1993.

Por su parte el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial establece Zonas de Uso Especial que pueden ser aplicadas a los territorios colectivos y a los resguardos indígenas. ?? son unidad de manejo sostenible aplicable a aquellas áreas en donde se requiere implementar medidas de manejo específicas, para regular el acceso o el tipo de actividades a permitir en sectores con una alta intensidad de uso, para proteger los recursos naturales; establecer umbrales para la recuperación de especies sobre-explotadas o para garantizar la seguridad pública frente a contingencias. En estas zonas se restringirá el grado de intervención humana a actividades como: investigación, monitoreo, educación ambiental, ecoturismo, recreación de bajo impacto, anclaje, canal de acceso, pesca sostenible, entre otros.

6. ¿A través de qué mecanismos se protegen los derechos patrimoniales de las comunidades campesinas, negras e indígenas sobre tierras y territorios abandonados o en riesgo de abandono por causa de la violencia?

Con base en las normas mencionadas, el Estado colombiano definió tres procedimientos o rutas para proteger los derechos sobre los predios de las familias rurales y los territorios de los grupos étnicos afectados por el desplazamiento o en riesgo inminente de ser desplazadas:

_ la ruta de protección colectiva

_ la ruta de protección individual

_ la ruta de protección étnica

7. ¿Para qué se aplica la ruta de protección colectiva?

La ruta de protección colectiva se aplica para proteger los derechos de los propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes sobre los predios que se encuentren en una zona afectada por la alteración del orden público, cuyos habitantes hayan sido desplazados forzadamente o estén en riesgo de serlo y que, por este hecho, esté cobijada por una declaratoria de ocurrencia de desplazamiento o de inminencia de riesgo de desplazamiento, efectuada por el Comité Territorial de Atención Integral a la Población Desplazada.

El desarrollo de los pasos necesarios para realizar esta ruta está a cargo de estos Comités, que son presididos por el alcalde o el gobernador, según sea el caso, y en los que concurren las diferentes entidades del municipio o el departamento que tienen responsabilidades en la atención a la población desplazada.

Esta ruta se ha desarrollado de acuerdo con lo ordenado por los decretos 2007 de 2001 y 250 de 2005, reglamentarios de la Ley 387 de 1997.

8. ¿Para qué se aplica la ruta de protección individual?

La ruta de protección individual se aplica para solicitar la protección de los derechos de propiedad, posesión, ocupación o tenencia que venía ejerciendo una persona, un grupo o un núcleo familiar sobre un predio en particular que, por causa de la violencia, haya tenido que ser abandonado forzosamente.

Esta ruta se inicia con la presentación ante cualquiera de las oficinas del Ministerio Público, ya sea Personería Municipal o Distrital, Defensoría del Pueblo o Procuraduría General de la Nación, de la solicitud directa de protección del predio por parte de quien se ha visto obligado a abandonarlo.

Cualquiera de estas oficinas en el territorio nacional es competente para recibir las solicitudes de protección individual de predios.

El Ministerio Público se encargará de enviarla al INCODER, institución que verifica el cumplimiento de los requisitos e ingresa los datos preliminares del predio y del peticionario al Registro Único de Predios Rurales Abandonados por los Desplazados por la Violencia (RUPTA). Así mismo acopiará información complementaria a la que reposa en sus archivos para la efectiva individualización jurídica y física del inmueble. Posteriormente, enviará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar en donde se encuentra ubicado el predio, los formularios y toda la información que ha podido acopiar para que valoren y califiquen la solicitud de protección. Finalmente, una vez calificada la solicitud, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos enviará la información a la Superintendencia de Notariado y Registro para que se ingrese el resto de la información correspondiente al RUPTA.

Esta ruta se desarrolla de acuerdo con lo ordenado en la Ley 387 de 1997, el Decreto 250 de 2005 y 2569 de 2000.

9. ¿Qué se aplica para los grupos étnicos?

La Ruta Étnica es un procedimiento especial para la protección de los derechos territoriales de Grupos Étnicos, se define como un mecanismo especial de protección que contribuye a la salvaguarda de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras, vulnerados a causa de la violencia y/o de los impactos negativos por la construcción y/u operación de mega proyectos económicos de monocultivos, explotación minera, turística o portuaria.

Mediante esta Ruta se realiza la identificación cultural, física y jurídica de los territorios, así como la caracterización de las limitaciones y privaciones a la realización del derecho fundamental de los grupos étnicos al territorio, para su posterior registro en el RUPTA y la atención preferente en los trámites de titulación, saneamiento, deslinde y aclaración de resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades negras.

La ruta está dirigida a atender las solicitudes de protección que presenten directamente las autoridades y los integrantes de las comunidades indígenas y negras o de oficio por el Ministerio Público. La medida de protección le compete al INCODER, Ministerio Público, al Ministerio del Interior y de Justicia - Direcciones de Etnias, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a los Notarios Públicos y a los Registradores de Instrumentos Públicos.

10. ¿Qué información es necesaria para el desarrollo de las rutas de protección de los derechos sobre tierras y territorios?

Para adelantar cualquiera de las rutas de protección es necesario tener información precisa sobre los predios o los territorios étnicos de las familias o de las comunidades que tienen derechos sobre éstos.

Asimismo, es importante establecer cuál es el tiempo de vinculación de las familias o las comunidades con sus tierras o sus territorios, es decir, desde cuándo ejercen derechos sobre éstos.

En la ruta de protección colectiva, la recolección de esta información está a cargo de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. A partir de ella, el Comité elabora lo que se conoce con el nombre de Informe de Predios Rurales.

En la ruta de protección individual los encargados de recolectar información adicional, en caso en que la que aporte la persona en situación de desplazamiento sea insuficiente, es el INCODER con base en sus propios archivos y la que solicite a otras entidades, y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos conforme a la información que tenga en sus archivos.

11. ¿Qué debe contener el Informe de Predios Rurales?

El Informe de Predios Rurales debe contener lo siguiente:

1. La identificación de los predios y, en el caso de grupos étnicos, de sus territorios.

2. La descripción de las características básicas de los predios y de los territorios: la ubicación, el área, los cultivos y las construcciones.

3. Los nombres de los respectivos propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores, y, cuando sea posible, el tiempo que las tierras o los territorios han estado en manos de las familias o de los grupos étnicos.

4. Cuando se trate de territorios étnicos, además de lo anterior, se debe incluir el estado legal del territorio, que, según sea el caso, se debe especificar así:

Territorios titulados:

- Resguardos Indígenas Constituidos

- Territorios Colectivos de comunidades negras adjudicados.

Territorios ancestrales y/o tradicionales No titulados

- Posesión tradicional de grupos étnicos

- Ocupación colectiva de comunidades negras

- Resguardos en trámite de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración

- Territorios colectivos en trámite de adjudicación

Para que la identificación y la descripción de las tierras o los territorios sean precisas y completas es muy importante que la comunidad participe activamente en el aporte y la recolección de la información.

12. ¿Cómo puede participar la población desplazada o en riesgo de desplazamiento en el proceso de protección de sus tierras o territorios?

A continuación se presentan algunas recomendaciones para que la participación de las familias en el proceso de protección de sus tierras sea más efectiva:

_ Es conveniente que asistan por lo menos dos miembros adultos de cada familia a las jornadas que convoquen el Comité Territorial de Atención Integral a la Población Desplazada, alguna de las oficinas del Ministerio Público, o el INCODER.

_ Procurar identificar su predio sobre los mapas.

_ Detallar las características básicas del predio (ubicación, área, cultivos y construcciones).

_ Recordar cuándo compró el predio o cuándo le fue adjudicado por el INCORA o el INCODER, o desde cuándo empezó a vivir y a trabajar allí.

_ Aportar los documentos que tenga para demostrar los derechos sobre la tierra.

_ Apoyar y facilitar el trabajo de la persona encargada de recolectar la información para elaborar el Informe de predios rurales.

En el caso de los grupos étnicos, dado que la comunidad es sujeto colectivo de derechos y cuenta con autoridades propias, son estas autoridades las llamadas a identificar sus territorios sobre los mapas y a apoyar el proceso de aporte y recolección de información.

13. ¿Qué es el número predial o cédula catastral?

Es un número de varios dígitos asignado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las Oficinas de Catastro, con el fin de identificar geográficamente cada uno de los predios o territorios étnicos. Este número permite acceder a otra información del predio, como su área, propietario y sus características básicas.

14.¿La escritura pública por sí sola acredita la calidad de propietario?

NO. el propietario de un inmueble sólo puede probar sus derechos sobre éste con el certificado de tradición y libertad.

No se debe olvidar que para convertirse en dueño, después de la compra de un predio, o de una adjudicación o titulación, o de una decisión de un juez sobre un predio, es necesario registrar la escritura pública, la resolución de adjudicación o la sentencia judicial, respectivamente, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

15. ¿Qué es la enajenación de un predio?

La enajenación o transferencia del derecho sobre un predio es el acto por el cual una persona le pasa a otra el derecho que tiene sobre el inmueble. Es posible donar el predio, es decir sin recibir nada a cambio, o venderlo o permutarlo.

16. ¿Para qué sirve la protección de la tierra, finca, o territorio abandonado?

Para proteger el derecho que se tiene sobre el bien abandonado y evitar que un tercero de manera arbitraria venda o transfiera esa propiedad sin el consentimiento de quien en contra de su voluntad, lo ha tenido que dejar abandonado, o bien, en el caso de poseedores, tenedores y ocupantes, para que no se pierda el tiempo en aras de una eventual prescripción adquisitiva de dominio y para publicitar sus calidades frente al predio, publicidad que servirá como prueba sumaria dentro de los procesos judiciales o administrativos que la persona beneficiaria de la protección quiera iniciar eventualmente.

17. ¿Cuánto vale proteger la finca abandonada?

Es un trámite completamente gratis que inclusive no requiere de abogado ni de ningún intermediario.

18. ¿Si quien dejó el bien abandonado no quiere volver al sitio de donde salió, debe solicitar la protección de los bienes abandonados por causa de la violencia?

SI, la diligencia de solicitar la protección de los bienes abandonados por causa de la violencia se debe hacer aunque no haya voluntad de retornar al lugar de donde fue desplazado y donde está ubicado el predio que desea proteger. Esto servirá como una prueba en un futuro proceso de reparación y restitución, a través de procesos ordinarios o de justicia y paz. El retorno debe ser voluntario, en condiciones dignas y seguras. Cuando la persona o familia protege el bien abandonado aunque no desee retornar, con este hecho puede disponer de este activo económico.

19. ¿Existe protección a las tierras y demás bienes cuando las personas no están en el SIPOD?

Sí. Para solicitar la protección vía ruta individual, el único requisito es que el inmueble haya sido abandonado a causa de la violencia.

La protección patrimonial tiene un enfoque de protección del derecho a la tierra y al territorio, y como tal, no hace parte del conjunto de ayudas brindadas por el Estado, por tanto procede la protección aún cuando la persona no se encuentre incluida en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD que lleva Acción Social.

20. ¿Existe un límite de tiempo para solicitar la protección?

NO. para solicitar la protección la ley no pone ningún límite al tiempo que lleve abandonado el bien.

21. ¿Con la protección se garantiza la devolución de la tierra o finca abandonada?

La medida de protección funciona como prueba dentro de los futuros procesos en los cuales la persona en situación de desplazamiento busque la restitución material del bien.

22. ¿Si la tierra o finca está invadida y quien la abandonó no tiene papeles que lo acrediten como dueño, puede solicitar la protección?

SI, de todas maneras la puede solicitar. La solicitud se hace bajo la gravedad del juramento y las pruebas que no pueda acreditar quien abandonó para demostrar que es el (la) dueño(a), las deben conseguir las entidades del Estado, encargadas de esos temas. Además la persona desplazada o despojada puede tener otras pruebas de la relación con el predio, como las facturas o recibos de pago de impuestos, servicios públicos o compra de insumos agrícolas, también con las declaraciones extrajudiciales de vecinos del lugar o de las autoridades del municipio.

23. ¿Cuando los papeles de la finca están a nombre del esposo, la cónyuge puede solicitar la protección?

SI, en una sociedad conyugal vigente (para el caso de los esposos) o en una sociedad patrimonial (cuando se trata de uniones maritales de hecho o uniones libres), cualquier de las dos personas puede solicitar la protección del bien abandonado, pues los bienes que se adquieren después del matrimonio o del momento de la unión, pertenecen a la pareja. Se recomienda dejar constancia en la parte de observaciones del formulario de solicitud de protección, si en la escritura o en documento de compraventa el inmueble aparece sólo a nombre de uno de los dos cónyuges.

24. Con la tierra o finca protegida, se puede disponer de ella? Explotarla? Visitarla?

Claro. El inmueble no cambia de dueño, el dueño puede disponer del predio como quiera. La única condición es que si la vende y quiere registrar esa venta, debe solicitar primero la autorización para enajenación del bien, en caso en que esté protegido por vía de ruta colectiva, o bien la cancelación de la medida de protección para poder enajenar su derecho.

25. ¿Al declara que se tiene una finca o tierra abandonada ¿se tiene que renunciar al subsidio de vivienda al que tienen derecho los desplazados?

No. El patrimonio que ha tenido que dejar abandonado una persona por causa de la violencia es independiente de los otros proyectos y subsidios que el gobierno ha definido para la atención de las víctimas de la violencia y el desplazamiento. Puede solicitar la protección del bien abandonado sin que pierda el derecho a obtener el subsidio de vivienda para población desplazada, como otra parte de la atención integral, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello.

26. ¿El Estado puede cambiar la finca o tierra por una casa en la ciudad o donde vive la persona que la dejó abandonada?

En la actualidad no existe un programa gubernamental ni recursos presupuestales para poder hacer esos cambios.

27. ¿La protección sirve para cambia la finca o tierra abandonada por otra tierra o finca en otra parte del país donde el desplazado no corra peligro?

Eso se conoce como PERMUTAS. Esa expectativa de muchas personas desplazadas no ha sido suficientemente reglamentada. En la actualidad no hay posibilidad real de solicitar estas PERMUTAS o cambios.

28. Si la persona que dejó al tierra o finca abandonada presentó la declaración como desplazado y allí planteó el abandono ¿de todas maneras debe solicitar la protección ante el Ministerio Público?

SI, aunque en la Declaración que hizo para quedar incluido en el Registro de Población

Desplazada de Acción Social haya aportado información sobre los hechos que ocasionaron su desplazamiento y haya reportado los bienes que dejó abandonados, debe solicitar la protección de su bien abandonado ante las Personerías, Defensorías del Pueblo u oficinas de la Procuraduría General de la Nación.

29. ¿Es cierto que el formulario para solicitar la protección de los bienes abandonados por la violencia, se baja de Internet de la página de la Superintendencia de Notariado y Registro y el desplazado lo debe llevar a las oficinas de la Personería, la Defensoría o la Procuraduría?

No es cierto. Si bien los formularios se encuentran en Internet, la ley establece que quienes están obligados a tener y asesorar en el diligenciamiento del formulario de solicitud de bienes abandonados son los funcionarios de las Personerías, la Defensoría o la Procuraduría, y dichos formularios deben ser firmados tanto por el funcionario que los llena como por el solicitante de la protección y no genera ningún costo.

30. Una vez inscrito el predio en el RUPTA ¿Qué se debe hacer par recuperar la tierra o finca protegida?

La recuperación material del bien abandonado se haría de dos maneras. Si la finca no ha sido invadida o despojada, simplemente el propietario, poseedor u ocupante, teniendo en cuenta que no ha perdido el derecho, puede tomar posesión de lo que le pertenece, con el apoyo que le brinde el Gobierno para el retorno. Si por el contrario, ésta fue invadida o se despojó al dueño de su bien por medio de algún acto material o jurídico ilegal, se debe acudir a las autoridades de policía o judiciales para emprender las acciones del caso y recuperarla. Si requiere asesoría jurídica puede acudir a la Personería Municipal respectiva o a la regional más cercana de la Defensoría del Pueblo. Estas entidades deben adelantar todas las acciones necesarias para recuperar su predio.

31. Si la finca o tierra la invadieron los causantes del desplazamiento, ¿es peligroso solicitar la protección?

La protección es sólo jurídica, no es todavía una restitución material de lo abandonado, por lo tanto, eso le resta riesgos a la diligencia. Sin embargo, sólo la persona sabe el peligro que corre de acuerdo con la gravedad de los hechos que ocasionaron su desplazamiento y si ha seguido recibiendo amenazas para él, ella o la familia.

32. ¿La protección significa que van a sacar a quienes invadieron la finca o tierra y que será devuelta al legítimo dueño?

No, por el momento no. La protección es jurídica. Una acción de desalojo y la restitución del inmueble invadido corresponden a acciones de judiciales o administrativas (por ejemplo el desalojo por ocupación de hecho que hacen los inspectores de policía) y por lo tanto las resuelven los jueces o algunas autoridades administrativas y hay que adelantar otros trámites.

33. Si a una persona la obligaron a vender la finca o tierra antes de salir por un valor muy por debajo de lo que valía, ¿se puede reversar ese negocio?

SI. Cuando al vender un bien se recibe menos de la mitad de su justo valor al momento del negocio, o luego de comprarlo se da cuenta que el predio vale menos de la mitad del precio que pagó, se configura lo que jurídicamente es conocido como LESION ENORME. En estos casos, se puede adelantar la ACCION RESCISORIA POR LESION ENORME, por la cual: 1) se invalida el contrato y todo vuelve a su estado inicial, o 2) El comprador completa el precio justo o el vendedor devuelve el exceso del precio que recibió. Generalmente la persona que sufre lesión enorme tiene 4 años para presentar la acción, sin embargo, si se trata de un desplazado ese término empieza a correr solo cuando supere su situación de desplazamiento, porque retorne a su lugar de origen o porque se reubique en otro.

34. ¿Qué debe hacer el dueño para vender, ceder o regalar la finca o tierra protegida?

Se debe acercar nuevamente a una entidad del Ministerio Público (una oficina de la Personería, la Defensoría o la Procuraduría) y solicitar que levanten la medida de protección del bien abandonado por la violencia. En esa oficina se le diligencia el formulario.

En el caso en que el predio esté protegido por ruta colectiva, el dueño del derecho deberá solicitar al Comité respectivo la autorización de enajenación del bien.

35. Si la persona desplazada le adeuda dinero al Banco Agrario, pero a causa del desplazamiento no ha podido volver a pagar, el Banco puede rematar la finca o tierra?

La persona debe solicitar por escrito al Banco que tenga en cuenta la situación como persona en situación de desplazamiento forzado por la violencia, ya que el Banco tiene una instrucción que le indica que debe tener consideraciones especiales para quienes por fuerza mayor no han podido cumplir sus obligaciones financieras. Esta diligencia debe hacerse lo antes posible, para que los intereses moratorios no se sigan generando y no corra el riesgo de que le embarguen y le rematen el bien, para hacer efectiva la obligación.

36. ¿Como pueden proteger los hijos cuyos padres fallecieron y eran los dueños de la finca o tierra abandonada?

Como herederos, los hijos tienen derecho a solicitar la protección de la finca, sin embargo, aquí la protección se puede solicitar de dos formas: 1) cada heredero puede solicitar la protección de su parte de la herencia, o, 2) todos autorizan a uno de los herederos, para que en su nombre solicite la protección del predio.

37. ¿Cómo se relaciona la protección de un inmueble abandonado con la reparación?

La protección de los inmuebles abandonados es independiente de los procesos de reparación. La reparación administrativa no cubre la violación al derecho sobre el bien. Sin embargo, cuando se solicita la reparación por vía judicial, el hecho de tener el predio inscrito en el Registro Único de Tierras y Territorios abandonados RUPTA, sirve como prueba de lo despojado o abandonado para obtener una reparación integral.

38. Si la persona que abandonó el territorio pertenecía a una comunidad indígena o negra y la tierra era de toda la comunidad, ¿quién debe solicitar la protección de esas tierras o territorios?

Si la tierra (asignación, conuco, parcela, chagra, usufructo familiar) que tuvo que abandonar una persona se encuentra ubicada en un resguardo indígena o en un territorio colectivo de comunidad negra, la propiedad es colectiva y tiene el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable, según el artículo 63 de la Constitución Política.

Ahora bien, una persona como integrante de la comunidad indígena o la autoridad tradicional o de cabildo puede acercarse a la oficinas de la personería municipal, la Defensoría del Pueblo Regional o la Procuraduría Regional para presentar la solicitud de protección de los derechos territoriales étnicos afectados por la violencia y el desplazamiento, los funcionarios de estas entidades deben recibir esta solicitud de forma verbal o en un formulario (diseñado para el efecto) y enviarla a Bogotá a las oficinas del INCODER quien por competencia debe verificar la solicitud constatando que efectivamente se trate de un territorio colectivo de comunidad étnica y remitiendo a las demás entidades concernidas para complementar la información de la solicitud.

También, el Ministerio Público de oficio puede presentar la solicitud de protección de un territorio étnico; cuando sus autoridades o integrantes no puedan hacerlo o, cuando tenga conocimiento de informes de riesgo emitidos por el SAT de la Defensoría del Pueblo.

39. Si la persona solicita la protección, significa que no se puede postular e para obtener el subsidio para compra de tierra qué ofrece el Incoder?

Sí puede postularse al subsidio para compra de tierras que ofrece el Incoder, aunque haya solicitado la protección de su bien abandonado por la violencia.

40. ¿El Programa de protección cubre el riesgo de incendio de la casa de un desplazado por la violencia?

No. El alcance de las medidas de protección patrimonial, es amparar el derecho sobre la tierra de quienes han tenido que abandonarla por razones violentas, o están en riesgo de tener que hacerlo.

41. ¿Existen normas que amparen a las personas que vendieron sus fincas bajo amenazas de muerte?

De acuerdo con el Código Civil (Artículo 1502) ?[P]ara que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: (?) 2. que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; (?) Igualmente, el artículo 1508 declara que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Es decir que será nulo el contrato de compraventa celebrado bajo amenazas de muerte.

Además, en la ley 975 de 2005 existen varias disposiciones que hacen referencia a los derechos de las víctimas, incluso en cuanto a sus bienes. En este sentido encontramos:

?Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.?

?Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción psicosociales de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento .Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.

Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.

Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.

Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.

El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.

Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe."